La agricultura del sur de Chile pasa por un período duro, este ha tenido su origen en la pandemia y luego la guerra Rusia-Ucrania, que ocasionaron serios problemas de logística mundial, generando alzas en el precio de los insumos afectando negativamente la rentabilidad de diferentes rubros del sector. A lo anterior se suman procesos internos del país. Uno de estos tuvo su máxima expresión en octubre de 2019, seguido de un proceso constituyente muy ideologizado, que entre otras propuestas debilitaba el derecho de propiedad y el sentido mismo de nación, los que en su conjunto generaron una gran incertidumbre. Esta situación, aunada a la delincuencia y la violencia rural imperante, que los diferentes gobiernos, pese a sus declaraciones no han mostrado la voluntad de combatir seria y efectivamente, deja a los agricultores inmersos en un ecosistema de inseguridad, que no resguarda su vida ni la de sus familias y colaboradores, subvirtiendo el derecho de propiedad, el que algunas veces incluso les es arrebatado, dejándolos en un ambiente de indefensión y desamparo.
La situación antes expuesta permite explicar por si sola el desfavorable ambiente en que se desarrolla la agricultura en nuestras regiones. Esta actividad, que es usualmente de ciclos largos y altas inversiones, requiere reglas claras y condiciones estables. La ausencia de estas explica los procesos de cierre de unidades productivas y de desinversión que se presenta en nuestra zona sur y permite entender la cautela con que se analizan las inversiones para generar nuevas empresas o unidades productivas, así como los procesos de inversión y reposición normal de las unidades existentes, aspectos muy relevantes y que atentan contra el desarrollo y crecimiento del sector y de la región.
La autoridad declara como objetivos del Ministerio de Agricultura el ser “líder en una agricultura verde, social y con eficiencia hídrica” lo que está bien, pero no parece percatarse de que previo a esto y más importante, es necesario que se haga valer el estado de derecho, que podamos vivir y trabajar en paz en nuestros campos, ejerciendo a cabalidad nuestro derecho a la propiedad y con igualdad ante la ley. Sin estas condiciones mínimas, será difícil retomar la senda de crecimiento y desarrollo que presentaba antes el sector.
