Nos encontramos en un momento crucial con respecto a la ley de usurpaciones, el Congreso luego de casi 3 años de trabajo había aprobado el proyecto de ley, lamentablemente el pasado viernes el Presidente de la República ingresó un veto, esto provoca gran incertidumbre y en el peor de los escenarios nos puede dejar con la ley actual que en la práctica no favorece en nada a las víctimas.
En Chile actualmente, si una o más personas realizan la ocupación ilegal a un inmueble ya sea una vivienda, colegio, terreno o campo, existe un periodo de 12 horas de flagrancia para ser realizado el desalojo por parte de la fuerza policial, solo obteniendo una multa muy baja, casi irrisoria, si dentro de ese periodo no se logra, comienza un largo proceso judicial donde no pueden volver a hacer uso de sus propiedades a la espera de la resolución, la cual puede demorar años.
Lo que busca la nueva ley es sancionar de manera más estricta una usurpación, dando mayor protección a las víctimas, tipificando el hecho como delito con penas de cárcel, además de otorgar a la flagrancia el estado de permanente mientras subsista la ocupación del inmueble, dando facultad a las policías para actual en cualquier momento y poder realizar el desalojo.
Cuando se produce el ingreso a una propiedad privada afecta a los dueños, si pensamos que esta usurpación se realiza en los campos, es peor aún, ya que los trabajadores viven ahí con sus familias, viéndose directamente afectados y sufriendo la misma violencia. Una usurpación nunca es en forma pacífica e implica siempre la vulneración del estado de derecho, donde la mayoría de las veces resulta imposible poder defenderse y la única alternativa es abandonar la propiedad.
Se ha hablado del derecho a la vivienda digna, la usurpación siempre violenta a las víctimas por lo que no es la forma correcta de obtenerla. No son los privados con sus inmuebles quienes tienen que brindar esa solución, sino el Estado por lo que es prioritario contar con dicha ley que defienda y regule que esto no siga sucediendo.
