Por Víctor Valentin, presidente SAVAL FG

Llevamos varios meses discutiendo sobre lo incompresible de la medida adoptada por el Gobierno con relación al alza desmedida e inédita de los avalúos agrícolas para el 2020, que tuvieron una subida sin precedentes, que no guarda relación con el desempeño económico del sector ni con el potencial productivo por mucho que se mejore el suelo, y que afecta a la mayoría de los agricultores.

Contamos con informes serios que avalan nuestra postura y ahora último parlamentarios de la zona sur, han manifestado su apoyo presentando indicaciones en el Presupuesto 2021 para frenar el impacto de quedar fuera de los beneficios de INDAP a un importante y significativo número de agricultores. Solución momentánea que refleja un despropósito de esta medida por un trabajo de retasación hecho en base a informes comerciales y no de capacidad productiva del suelo.

Muchos pequeños empresarios dejaron de calificar para ser cliente del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) por esta alza desmedida, que no tiene relación con la rentabilidad real del negocio agrícola, sobre todo en las regiones del Sur del país que se dedican preferentemente a la producción de leche, carne y cereales.

Autoridades políticas se han involucrado en el tema, pero sus indicaciones en el presupuesto del 2021 no son suficientes, porque el alza de los avalúos agrícolas afecta a todos, y no solo a los agricultores de la Agricultura Familiar Campesina AFC. Las definiciones no deben abordarse por tamaño de la producción o situación económica del agricultor. Es un tema transversal que claramente desincentiva a un sector tan importante para la producción de los alimentos, sobre todo ahora en épocas de pandemia.

Como ya hemos explicado, los avalúos fiscales no son una tasación comercial, ni distinguen la capacidad de gestión de los propietarios, como ocurre en las tasaciones bancarias, que tienen por finalidad evaluar el riesgo para una operación financiera con un empresario. 

A través del Consorcio Agrícola del Sur, varios gremios hemos podido corroborar una serie de incongruencias que dan sustento a nuestros reclamos. Con estudios e informes serios podemos cuestionar los puntos con que el organismo encargado, que dicen relación con los fundamentos de los cálculos para determinar las alzas, donde los valores que se aplicaron se hicieron en base a criterios comerciales y las reglas del mercado inmobiliario y especulativo, no tienen nada que ver con el potencial productivo de un predio que es la base de la Ley que rige esta normativa.

Seguiremos insistiendo ante las autoridades para revertir lo negativo de esta medida.