– No vemos acciones concretas que combatan estos problemas, sobre todo con los loros Cachaña y Choroy.
Por Víctor Valentin, presidente Saval FG
No es la primera vez que como SAVAL FG estamos poniendo énfasis en el control de plagas en la región. Se ha tenido avances en el control del visón, gracias a una política agresiva impulsada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), que ha podido ir mitigando el daño que estos animales generan a cientos de familias campesinas. No obstante, en otras plagas la situación está lejos de ser similar.
Nos hemos reunido en varias oportunidades con el director nacional del SAG y estamos próximos a exponer ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde volveremos a manifestar nuestra preocupación sobre cómo se está manejando el control de las plagas y los tiempos tardíos de acción. No vemos acciones concretas que combatan estas problemáticas, sobre todo en lo relacionado con la situación del loro, específicamente por las especies Cachaña y Choroy.
Ya en 1997, el SAG ha detectado a especies similares como especies invasoras y dañinas. No obstante, su manejo ha carecido de control. La encuesta “Daños por perros, jabalíes y loros”, realizada por SAVAL FG en 2018, arrojó que el 70% de nuestros socios había sufrido daños en sus siembras y frutales a causa de estos loros, con pérdidas millonarias, sin sumar la inversión que realizan para evitar que se acerquen estas aves.
Por lo mismo es que volvemos a insistir a las autoridades para que se establezca una política formal de control. Los agricultores hacen lo posible para combatirlos, pero por distintas razones ya se acostumbraron a convivir con ellos, asumiendo con resignación las pérdidas por el destrozo de sus cultivos, principalmente, en trigo, raps y frutales. A esto se suma lo burocrático que es conseguir permisos para su captura, ya que según el Reglamento de la ley de caza decreto supremo Nº05, quienes requieran capturar o cazarlos para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema, deberán obtener una autorización que otorgará el SAG, previa presentación de una solicitud por parte del interesado o de su representante legal. De esta forma, el Servicio resolverá en los 5 días hábiles siguientes.
El daño patrimonial ha sido severo y constante, generando daño a la producción, calidad del producto, menor empleo y oportunidades. Esto, ya ha generado frustración de los agricultores del sur del país.
