Por Víctor Valentin, presidente de SAVAL FG
Algo no está funcionando. Los recientes hechos de violencia que han afectado a la región, específicamente en la comuna de La Unión, nos obligan a recordar que somos vecinos de La Araucanía y, por tanto, podemos sufrir actos delictivos similares y también vernos perjudicados. Y puede ser peor, si no se toman medidas más efectivas.
Más allá de la tipificación del delito, lo que como gremio hemos estado exigiendo a la autoridad, a través de distintas acciones a nivel nacional como local, es la restitución del Estado de Derecho como tal, y que el Gobierno de turno pueda de una vez por todas implementar un sistema de inteligencia que funcione, ya que su reacción tardía está siendo recurrente y nos tiene sumidos en la tensión, la desconfianza y el miedo.
A nivel nacional, hemos estado trabajando con las autoridades a través del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), para proteger lo que por generaciones nos ha costado sudor y lágrimas construir, y preocupándonos de contar con las condiciones necesarias de trabajo para el debido abastecimiento de alimentos. No vamos a abandonar a nuestros trabajadores y a todo el mundo rural en su conjunto.
Tenemos todo el derecho de exigir a los representantes del Poder Ejecutivo, a los parlamentarios, a jueces y fiscales, que instauren desde sus respectivos cargos públicos, lo que todo país espera de sus autoridades: un buen gobierno, la justicia y la paz.
A su vez, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ha participado permanentemente en reuniones con el Ejecutivo para abordar la escalada de violencia que se vive en el sur del país, donde buscamos saber cómo podemos aportar. Los agricultores conocemos de cerca el conflicto, por ser de los más afectados, por lo que no confundimos a violentistas con el pueblo mapuche, y confiamos en el poder del entendimiento y el trabajo conjunto para combatir la pobreza y el rezago.
Pero nuestro foco está en la zona y, a nivel regional, participamos la semana pasada de reuniones con otros gremios para analizar la situación actual de seguridad, pero además para revisar cómo podemos mantener el sector productivamente.
El diagnóstico es claro. La autoridad nacional no ha definido una hoja de ruta para atacar el problema y carece de proyectos de inversión pública que permita dinamizar nuestro sector, generar empleo y construir bienestar social para nuestras comunidades. Ya no queremos más discursos ni compromisos, necesitamos un pronunciamiento categórico de las Autoridades del Estado que entreguen certezas y acciones concretas para nuestra región, antes de que sea tarde y la gravedad de estos problemas sobrepase más límites.
