Chile necesita una gestión hídrica responsable. La sequía prolongada y el cambio climático exigen reglas claras que incentiven el uso eficiente del agua y eviten la especulación. Sin embargo, el nuevo régimen de patente por no uso de derechos de aprovechamiento, modificado por la Ley N° 21.435, está generando efectos que van más allá de ese objetivo. La norma establece una progresividad automática en las multas para quienes no acrediten uso efectivo del recurso, aumentando año tras año sin considerar diferencias territoriales, tamaño del derecho ni realidad productiva del titular.
La lógica es simple: si no usa, paga más. Pero el país real es más complejo. Chile no es homogéneo en materia hídrica. Hay cuencas críticas, pero también zonas donde desarrollar infraestructura requiere inversiones significativas y largos plazos. No es lo mismo un gran operador que un pequeño o mediano agricultor con restricciones de crédito y márgenes estrechos. Sin embargo, la multa crece igual para todos.
Paradójicamente, el instrumento que busca incentivar el uso puede terminar debilitando la capacidad de invertir en riego y tecnificación. Recursos que podrían destinarse a infraestructura hídrica se desvían al pago de patentes crecientes. Además, el riesgo de remate por acumulación de deuda abre espacio a una concentración indirecta de derechos.
A este diseño rígido se suma la fragilidad operativa de la Dirección General de Aguas: registros desactualizados, demoras prolongadas y criterios poco claros para acreditar uso. No es razonable aplicar sanciones automáticas crecientes cuando la institucionalidad presenta debilidades evidentes.
Más preocupante aún es la asimetría en la fiscalización. El peso regulatorio recae sobre quienes tienen derechos inscritos y formalizados, mientras en muchas cuencas persisten extracciones ilegales o robo de agua con escaso control efectivo. Así, quien cumple queda más expuesto que quien opera al margen del sistema. El desafío no es eliminar el incentivo al uso, sino perfeccionarlo con gradualidad, diferenciación territorial y una fiscalización equitativa. Gestionar el agua exige firmeza, pero también coherencia. Sin ambas, la norma corre el riesgo de castigar más de lo que corrige.
Columna Diario Austral de Valdivia, domingo 08 de marzo de 2026
