La protección de las abejas es un objetivo ampliamente compartido. Nadie en el mundo agrícola desconoce su rol en la polinización, la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas productivos. En este contexto, la Ley Apícola y la Resolución Exenta N.° 7068/2024 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) buscan fortalecer esta protección, estableciendo nuevas obligaciones de avisaje cuando se aplican determinados plaguicidas.
A contar del 1 de enero de 2026, los agricultores deberán avisar con al menos 48 horas de anticipación a los apicultores catastrados que se encuentren dentro de la zona de influencia de una aplicación. En el papel, la medida parece razonable. En la práctica, su implementación plantea interrogantes relevantes que no pueden ser ignoradas.
La norma deja en manos del agricultor la totalidad del cumplimiento: identificar si el producto requiere avisaje, determinar el área de influencia, ubicar a los apicultores afectados, obtener sus datos de contacto y realizar el aviso oportuno. Todo ello bajo su exclusiva responsabilidad, con el riesgo de sanciones en caso de errores u omisiones. El sistema dispuesto para apoyar este proceso no notifica automáticamente, sino que exige una serie de pasos manuales que suponen conectividad digital, tiempo y habilidades técnicas que no siempre están disponibles en el mundo rural.
La digitalización, cuando no considera la brecha territorial, puede transformarse en una barrera más que en una ayuda. En muchos predios rurales la conectividad es inestable o derechamente inexistente, lo que complejiza el uso de plataformas en línea y aumenta la incertidumbre sobre si el cumplimiento fue correcto o no. Aun así, la responsabilidad legal sigue recayendo íntegramente en el agricultor.
A esto se suma que la actividad agrícola no siempre permite planificaciones rígidas. Sin embargo, la norma no distingue entre grandes y pequeños productores, ni entre realidades productivas diversas, aplicando una misma exigencia administrativa a todos por igual.
La protección de la apicultura es fundamental, pero su resguardo no puede construirse trasladando todo el peso operativo, técnico y regulatorio a quienes producen alimentos. Para que esta normativa sea efectiva y justa, requiere sistemas que acompañen al agricultor, entreguen información clara y reduzcan la incertidumbre, en lugar de aumentarla. Solo así se logrará un equilibrio real entre protección ambiental y continuidad productiva.
Columna Diario Austral de Valdivia, domingo 28 de diciembre de 2025
