El mundo rural se desenvuelve en escenarios variables, se lidia todo el tiempo con la incertidumbre, no solo de los vaivenes meteorológicos y los riesgos de la naturaleza, sino también de otros factores; los riesgos de mercado, las políticas de estado, etcétera.
A todo lo anterior, y con el agravante de años de sequía en nuestra región, ahora se suma la reforma al código de aguas, iniciativa que fue ingresada al congreso hace 11 años.
La reforma establece limitaciones a los derechos de aprovechamiento de aguas que se determina conforme al interés público. La Administración tiene la facultad de imponer limitaciones; como la reducción temporal y la redistribución del agua, además de usos prioritarios que prevalecen tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento de agua, consumo humano y uso doméstico de subsistencia y saneamiento.
Adicionalmente, ya no existirán las concesiones de derechos de aprovechamiento de agua de manera perpetua. Algunas de las modificaciones que implicará esta reforma, es que todas serán de carácter temporal con un plazo de hasta 30 años. Explicita que se privilegiará el consumo humano al derecho de propiedad.
Asimismo, la normativa plantea nuevas responsabilidades a quienes opten por permisos de aprovechamiento de aguas, exigiendo” obligaciones específicas de conservación, justificadas en el interés público, la protección de la naturaleza y el beneficio colectivo”.
Un cambio radical en el caso del agua, ya que, si bien laConstitución actual establece que es un bien nacional de uso público, el derecho a utilizarla es propiedad de particulares. Así, las personas o sociedades que son dueñas de ese derecho pueden hacer uso y goce de ciertos caudales o tranzarlo comercialmente.
En adelante, entonces se elimina el derecho de propiedad y solo se entregarán autorizaciones y ya no serán a perpetuidad, sino temporales y “sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación”. Sin lugar a duda, se agrega un nuevo factor de incertidumbre a todos los ya existentes, lo que afectaría las decisiones de inversión agrícola a futuro y por ende a la producción de alimentos y generación de empleo.
