Luego de 14 años de la presentación del primer boletín legislativo, este 30 de agosto, se aprobó en el Congreso el Proyecto de Ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, valorando la labor de Parlamentarios autores de los proyectos y quienes aportaron con sus votaciones. Las tomas orientadas a la apropiación de terrenos para loteos irregulares; para uso de vivienda; y de predios agrícolas y forestales en el concepto de la mal utilizada reivindicación de tierras, se han hecho frecuentes en los últimos 5 años.
En la Macrozona sur, se han producido entre los años 2018 a 2022 162 ocupaciones, 53 de ellas con el uso de la violencia, con el magro resultado judicial de tan sólo 3 sanciones de multa y un período de recuperación del terreno que supera los 3 años. En estos actos, se producen amenazas, atentados y ataques armados, que redundan en el impedimento no sólo del derecho de propiedad, sino también en generación de temor, limitando el desarrollo de una actividad económica lícita, el derecho al trabajo y derechos humanos de agricultores, trabajadores y sus familias.
Ante estos resultados, los aspectos más relevantes de la nueva legislación son: la incorporación de la pena de presidio en usurpaciones, lo que va a permitir la detención de los usurpadores por parte de las fuerzas policiales y la facultad del Ministerio Público de instaurar medidas de protección y alejamiento; la extensión de la flagrancia a rango de permanente; las sanciones de multas a quienes alteren límites e instalen banderas con intención de posesión; y la validación de la legítima defensa privilegiada en el caso de usurpaciones violentas, tal como ocurre actualmente en el delito de robo con violencia o intimidación. En este último aspecto, lamentamos e invitamos al Gobierno a recapacitar sobre el veto anunciado a este artículo, dado que este derecho se presenta en delitos similares contra la propiedad y la integridad física de las personas; que por razones obvias el actuar policial se retrasa en sectores rurales y que lamentablemente buena parte de estas usurpaciones se ha producido con la afectación de la integridad física, emocional y patrimonial de los agricultores.
