En el sur de Chile, los loros tricahue (Cyanoliseus patagonus bloxami) se han transformado en un desafío de proporciones para la agricultura tradicional. Lejos de ser un problema menor, las bandadas que se alimentan de siembras de trigo, avena o maíz pueden devastar el esfuerzo de toda una temporada en cuestión de días. Agricultores relatan que un grupo numeroso de estas aves llega a consumir hasta 45 hectáreas en un solo fin de semana, lo que equivale a pérdidas millonarias para las familias que dependen de sus cosechas.
El daño no se limita a la pérdida de grano: la pequeña agricultura, que constituye la base de la seguridad alimentaria rural, se ve obligada a destinar recursos escasos al pago de “pajareros”, personas contratadas exclusivamente para ahuyentar a las aves. A esto se suman los costos de instalar dispositivos de disuasión, mantener rondas constantes y asumir el desgaste emocional de ver cómo una cosecha entera desaparece bajo el vuelo de los tricahues.
Lo preocupante es que la especie ha modificado su conducta alimentaria. Estudios poblacionales indican un fuerte aumento en la Región de O’Higgins: en 1985 se contabilizaban apenas 217 tricahues en el Alto Cachapoal; tres décadas más tarde, en 2015, la población superaba los 2.900 individuos. Este crecimiento se explica, en parte, porque las aves han aprendido que las siembras ofrecen alimento “fácil” y abundante, abandonando gradualmente fuentes naturales. Esta adaptación ha roto equilibrios ecosistémicos y ha disparado su capacidad de daño a los cultivos.
Es fundamental destacar que, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, por sus siglas en inglés International Union for Conservation of Nature), el tricahue no se encuentra en peligro de extinción. Desde 2016, su categoría es de “Preocupación Menor” (Least Concern, LC), lo que refleja precisamente que sus poblaciones se mantienen saludables a nivel global. El dilema, entonces, no es de conservación sino de convivencia. Mientras la especie prolifera, la seguridad alimentaria de cientos de familias queda comprometida. El Estado debe hacerse cargo: urge implementar políticas de control poblacional, compensaciones económicas y estrategias efectivas para resguardar la producción de granos que sostienen nuestra mesa. De lo contrario, serán los agricultores —y con ellos el país entero— quienes paguen el costo de este desequilibrio.
Columna Diario Austral de Valdivia, domingo 5 de octubre de 2025
