No sólo quienes vivimos y trabajamos en la macro zona sur sabemos lo que significa sufrir la usurpación.
Primero, porque tenemos un Congreso que nos representa a todos como país y no sólo a las regiones de cada parlamentario.
Y segundo, porque la usurpación no sólo afecta a los predios de la macro zona sur, sino que a todos los inmuebles, desde una vivienda, hasta un campo.
Desde esa lógica, el Congreso ha trabajado durante años para construir una solución que permita corregir una injusticia que destruye el esfuerzo que supone llegar a ser dueño de un inmueble.
Y es que es bueno recordar que el derecho a la propiedad es también un derecho humano. Un derecho que puede y debe ser protegido por el Estado desde sus tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Es por eso que instamos a los representantes de cada uno de esos poderes a concentrarse en la parte que a cada uno de ellos le corresponde en hacer justicia a quienes sufren este despojo.
Insistimos en que no cabe hablar de una usurpación no violenta porque el delito nunca es pacífico, desde que le causa un daño injusto a alguien. Y ese daño merece ser sancionado como un delito y no como una simple falta, no sólo para castigar al usurpador, sino también para disuadirlo.
Agradecemos el esfuerzo legislativo que durante años se desplegó para sacar adelante una norma que, esperamos, contribuya a frenar el abuso violento que representan las usurpaciones. Desde una mirada constructiva, asumimos que esta ley es mejor que la normativa anterior, que sólo incentivaba la impunidad.
Toca ahora al poder judicial aplicar la ley recién despachada por el Congreso y entonces se apreciarán los verdaderos alcances y mejoras que esta legislación tiene a la hora de considerar la usurpación como lo que es: un delito.
Los jueces tienen la palabra.
