Por Víctor Valentin, presidente de SAVAL FG

Pese a los intentos del Gobierno por dar señales de control frente a los ataques terroristas, queda la percepción de que la batalla se está perdiendo. En los últimos días hemos presenciado lamentables hechos de violencia en zonas de La Araucanía y Los Ríos, donde incluso sufrimos el vil asesinato de nuestro colega agricultor, Orwal Casanova Cameron, y de un policía de la PDI en un fallido operativo en Temucuicui de la región vecina, dejando en evidencia la presencia del narcotráfico en la zona y su alto poder de fuego.

Si bien la mayoría de los hechos violentos suceden en La Araucanía, en nuestra región también nos vemos azotados por hechos terroristas que han afectado a nuestros agricultores. Sucesos que como gremio nos han tenido preocupados y en permanente contacto con las policías y las autoridades regionales, no obstante, y pese a la inteligencia y acciones preventivas, no se  logra llegar a tiempo. Se están perdiendo vidas de gente buena, trabajadora y que ama a su país.

Nos frustra profundamente ser testigos de como los responsables de guiar nuestro país se culpan unos con otros, mientras la sensación de insegurdad crece y perdemos nuestro Estado de Derecho que nos diferenció por décadas de otros países. Hacemos un nuevo llamado a los poderes del Estado para que repongan de manera urgente la paz y seguridad en la zona, y así evitar nuevos atentados y más muertes.

Estamos estancados en la promulgación de leyes que permitan a las policias  contar con mayores herramientas para combatir estos crímenes que están claramente ligados a través de toda la evidencia ya existente, al terrorismo, narcotráfico, robo de madera, abigeato y usurpaciones. La ciudadanía no entiende como el Congreso se niega a la posibilidad de modificar e implementar estas urgentes leyes. ¿Qué pasa con nuestros parlamentarios?

Esperamos que el Poder Judicial y el Ministerio Público agilicen el avance de los procesos en curso y dicten las resoluciones judiciales necesarias, para la efectiva labor de las policías. Todos los gremios representados por la SNA o el CAS concordamos en exigir al Gobierno que utilice todas las instancias y facultades que le otorga la ley, para erradicar la violencia y volvamos a vivir en un lugar seguro para trabajar y estar con nuestras familias.

En esta oportunidad, no fueron solo maquinarias las afectadas. Se perdieron vidas humanas de gente trabajadora que defendía su tierra y de un servidor público que cumplía el deber de protegernos.